La racionalización de las dimensiones del Estado se traduce en una crítica inflexible al dispendio y al gasto público. El Estado debe adaptarse a la capacidad económica de los ciudadanos bajo el criterio de una drástica reducción de la presión fiscal. El Estado se desprenderá de toda la estructura que se requiera para alcanzar dichos objetivos, sin otros límites que la educación, la sanidad, la defensa y la seguridad interior.