El 21 de agosto de 2005 el diario "El País" publicaba una carta al Director firmada por una joven llamada Carolina Alguacil y que llevaba por título "Yo soy 'mileurista'". Podemos recomendar acudir a esta fuente y con ello descubrir que nos hallamos ante una breve descripción de un fenómeno social que todos podemos identificar y que ha servido para denunciar la situación en la que se encuentran millones de españoles, jóvenes y no tan jóvenes. En el momento en el que se publica la carta al Director, año 2005, mil euros era un signo de precariedad salarial, pero paradójicamente años después, tras la irrupción de la grave crisis económica de 2008, esa banda salarial se convirtió desgraciadamente en símbolo de prosperidad para muchos españoles, cuanto no en el reclamo de muchos vecinos portugueses para venir a trabajar con nosotros envidiando la generosidad de nuestros "elevados" mil euros comparados con los seiscientos a los que ya se han acostumbrado a transitar los habitantes de nuestro país hermano.
Cosas de la Globalización y de nuestra convergencia europea. El truco del almendruco versión siglo XXI: cobrar sueldos españoles o portugueses y sufrir precios de alemanes y franceses. Así de fácil ha resultado engañarnos. Pero esta otra historia daría para otras reflexiones que no son las que nos ocupan en estos momentos. En todo caso, cuando nos refiramos a mil euros entendemos por tales un sueldo exiguo, con la actualización que el mismo tenga en el presente.
En todo caso, el panorama que describía Carolina Alguacil era el de jóvenes suficientemente preparados, con ampliaciones de estudios de posgrado, idiomas, experiencia forjada en "training" con forma de contrato de becario y que después de alcanzado un cierto nivel de pericia profesional se veían abocados a conformarse con un suelo que rondaba los mil euros. Todo ello en un entorno de precios altos, especialmente en el del alquiler y venta de viviendas en las grandes ciudades, que llevaría a los jóvenes a dedicar cerca de un tercio de sus ingresos en compartir piso con varias personas y que tendría la vía de escape de permitirse ciertos esparcimientos "low cost" en forma de viajes mochileros, hostales de miseria y convivencia inhumana y vuelos baratos. Siempre condicionados por el hecho de que vivir en el centro de las grandes ciudades les abriría un marco imposible de soñar en otros entornos.
A Carolina Alguacil le debemos la primera utilización mediática de este término y una de sus mejores descripciones, pero será el diccionario de la Real Academia de la Lengua, sancionando el extendido uso social de esta palabra, "mileurista", el que la defina en su edición digital en los siguientes términos: "Dicho de una persona: Que percibe un sueldo mensual que se sitúa en torno a mil euros y generalmente se considera por debajo de sus expectativas profesionales" (...) "Perteneciente o relativo al mileurista o al mileurismo. Salario mileurista."
Sobre este tema, desde la perspectiva del mileurista se han escrito ríos de tinta. No nos vamos a detener en este punto, porque ya se ha producido suficiente literatura en defensa de la necesidad de poner coto a esta situación socio - económica. Ha servido incluso para justificar algunos de los incrementos que se han producido en el salario mínimo interprofesional, aunque no tiene mucho que ver una cosa con la otra, puesto que una cosa es que el salario mínimo sea uno u otro y otra muy distinta que la media salarial de millones de españoles sea alrededor de mil euros al mes. Somos conscientes de que Yolanda Díaz, Podemos e Izquierda Unida en su conjunto, confunden una cosa con la otra, pero no tiene nada que ver el salario mínimo con el salario medio. El problema real de España es que ambas magnitudes están convergiendo sostenidamente en el tiempo, pero esto no se problema solo elevando el salario mínimo, pues para solucionar el problema real lo que realmente ayudaría sería mejorar la media... Cuando el SMI ni se acercaba a esta cifra, muchos eran los que ganaban alrededor de mil euros al mes y estaban enfadados por esto, mientras que ahora que se le acerca, no habría pocos que se conformarían con llegar a esta retribución mensual.
En este sentido, bastará remitirnos al informe Petras encargado vía CSIC por el Gobierno socialista de 1996 a un sociólogo americano y tristemente silenciado por sus devastadores resultados. Para quien no se lo crea, puede acudir a las fuentes (https://www.inventati.org/ingobernables/textos/anarquistas/informe-petras.pdf) y comprobar que los males que en este texto se denuncian tuvieron triste cumplimiento en la España del siglo XXI. Llevan décadas empobreciendo a conciencia a todos los españoles y lo que cuesta trabajo es entender la razón por la cual este noble pueblo aguanta lo que aguanta. Pero esa es otra historia.
Pero lo que pocas veces ha transcendido a la opinión pública es analizar el mileurismo desde una perspectiva bien diferente y que no es otra que la del coste social de mantener a muchas personas en esta banda salarial. A nadie se le escapa que este fenómeno de los salarios de esta magnitud fueron creación de los sucesivos gobiernos de Felipe González primero y sobretodo de José María Aznar. Apostaron por la moderación salarial y el objetivo latente no fue otro que facilitar a las empresas privadas mano de obra relativamente barata, aunque luego el Estado tuviera que hacerse cargo de las situaciones precarias en que quedaban inexorablemente los empleados.
Se pretendía competir con el mundo sub desarrollado en sueldos de miseria. En su día, nuestros gobernantes tiraron la toalla de seguir la estela de los países más prósperos en lo que a competitividad se refiere. Por el contrario, para mejorar la viabilidad de nuestro tejido empresarial y conseguir que muchas organizaciones puedan tener empleados a bajo precio, la sociedad en su conjunto incurre en determinadas externalidades a las que nos gustaría hacer mención. ¿Somos capaces de mencionar estos costes sociales externalizados? Por supuesto, entre otros muchos serían los siguientes:
En primer lugar, a nuestro juicio, uno de los más importantes es el que consiste en que con bajos salarios, la capacidad de ahorro de las familias se queda en su mínima expresión. Es cierto, que la composición social de España ha variado y no es difícil argumentar que en el caso de los que permanecen solteros, no es raro el caso de muchos que siguen viviendo bajo el techo paterno o son dependientes de sus progenitores, de manera directa o indirecta y que pare los casados, un sueldo de mil euros suele ser complementado por otro de otros mil. Pero en cualquier caso, ambas situaciones son admisibles para moverse en el campo de supervivencia, pero en modo alguno han sido capaces de constituir una vía para el fin de sostener unas cuotas de ahorro suficientes para permitir que las familias tengan un colchón recomendable para cuando vienen malas coyunturas, como enfermedades o paros forzosos, y mucho menos para que consigan poder mantener unas vías de inversión que las sitúen en una mejor situación financiera que la de partida. Millones de españoles están hoy igual que ayer y estarán mañana en una situación similar a la de ahora y todo ello porque sus salarios contenidos no les permiten ahorrar para mejorar sus vidas. Y algo que a muchos no se nos pasa desapercibido: lo que marca la diferencia entre la clase media y la baja es precisamente, que después de pagar los gastos de un mes, quede o no algo de remanente. Observar que pocas economías domésticas lo consiguen es percibir el daño enorme que se cierne sobre nuestra mesocracia. Es un síntoma más de la enfermedad que aqueja a la clase media.
En segundo lugar, asistimos a una época de endeudamiento endiablado. Como vimos en la crisis de las hipotecas basura, muchas víctimas de la contención salarial acabaron por endeudarse muy por encima de sus posibilidades para sortear la irresoluble ecuación de salarios bajos y precios altos de vivienda en un contexto social consumista que promueve movernos siempre en unas expectativas que nos son reales. Mucha gente se hipotecaba para acceder a su hogar, posponiendo su pago varias décadas hacia adelante, cuando no existía la mala costumbre de meter en el importe de la cuota mensual créditos de indudable cariz personal como los destinados a la reforma del propio inmueble o a la adquisición de un vehículo.
Todo ello era posible, porque el sistema financiero tenía en aquellos momentos un voraz apetito de ganancia y porque el tinglado de bancos centrales sostuvo una irreal liquidez con el objetivo de que la gente corriente no cayera en la cuenta de que su nivel de vida no era sostenible de manera realista sobre su nivel salarial. Maquillamos a través del crédito la merma de la calidad de vida. Si se hubieran dado cuenta, se habrían percatado de que estaban condenados a vivir una existencia más modesta que la de sus progenitores, pero esto hubiera provocado un aumento desmesurado de contestación social, que se intentó disimular mediante el recurso al crédito desaforado y a la liquidez monetaria salvaje.
Los hijos cambiaban con más frecuencia de coche que sus padres, y cosas como esta les creaban la ilusión óptica de vivir mejor que ellos, pero pocos eran los que sabían lo que era pagar casi todo encima de la mano como hacían sus progenitores y era costumbre en España hasta hace relativamente poco tiempo. En 2008, la fiesta se acabó y muchos tocaron a rebato. Entonces, llegaron los indignados, aunque mejor les hubiera sentado llamarse engañados o manipulados, pero a tanto no llegaron a hacerlo porque la mayoría de los ciudadanos siguen siendo víctimas de las mismas armas de desorientación masiva de siempre.
En tercer lugar, enfrentamos una problemática coyuntura de escasa capacidad contributiva a nivel fiscal. Teniendo en cuenta que, de hecho, como en España no están muchos ni obligados a hacer la declaración de la renta, esta presunta ventaja fiscal esconde realmente la imposibilidad de recuperar las pocas o muchas retenciones practicadas de más y en el fondo, es un falso regalo de la administración tributaria. El problema es que más y más gente se mueve en esta franja retributiva, las arcas del Estado no crecen y las espaldas de los demás contribuyentes soportan el peso de sostener el tinglado en general en peores condiciones. Algo de todo esto lo pudimos comprobar cuando las bajadas de sueldos que efectuaron los gobiernos de Zapatero y Rajoy sobre los funcionarios públicos no se computaron al 100% de su cuantía pues una parte de las mismas minoró los impuestos a percibir por el Estado. Mejoras salariales se acaban por concretar en mayores contribuciones a las arcas públicas, sobre todo por la progresividad de los tipos. La competitividad de nuestro país no se vería alterada si desde el mismo momento en el que las subidas salariales vengan acompasadas con aumentos de la productividad para ser sostenibles a largo plazo, y es que el Fisco es el primer interesado en que se produzcan mejoras en las retribuciones laborales de sus contribuyentes.
De otro lado, otro aspecto que no se puede obviar es que, excluyendo a millones de españoles de la contribución común a los gastos públicos, se acaba por producir una situación injusta de insolidaridad social, puesto que son muchos los que equivocadamente piensan que no pagan impuestos y por ello, nada les importa que los paguen el resto por ellos. Se piensan inmunes a las subidas de impuestos porque piensan que no van con ellos. Pero esto no es así, pues no se percatan que este razonamiento no es más que una vana ilusión, ya que cada día los impuestos indirectos como el IVA van ganando peso en el monto total de los ingresos estatales y poco a poco vemos como sus tipos impositivos crecen y crecen sin remedio. Muchos es cierto que se librarán del IRPF pero bien que acabarán pagando IVAs más y más insostenibles a menudo que se deterioran los ingresos fiscales.
En cuarto lugar, la existencia del paliativo de la situación de los mileuristas mediante el recurso a tejer una red de subvenciones y ayudas para los mileuristas. Si nos paramos a analizar la cuantía tomada como referencia para acceder a muchas de las convocatorias comprobaremos que dejaremos de ser beneficiarios si nos excedemos por poco que sea de un suelo mensual de mil euros. Ahí esta barrera, aunque parezca mentira. Es decir, seguimos siendo igual de pobres ganando mil que mil cien, pero para nuestro Estado el Rubricón lo cruzas cuando ganas más de mil euros. Lo afinan tanto, que acabamos por sospechar que todo se urdió de manera muy calculada y premeditada. Basta con haber pasado por la situación para darte cuenta de que esto funciona así. No se trata de poner en cuestión la legitimidad de las ayudas, sino que lo que cuestionamos es que estar por debajo de una línea sea el criterio principal y no se abra la ventana de oportunidad de que el requisito de acceso sea modulado una manera u otra, ponderando otro tipo de situaciones para mejorar el análisis de la precariedad de cada situación económica y de la legitimación para acceder al apoyo financiero estatal.
En quinto lugar, favoreciendo la preferencia de las personas de menor renta en el acceso a bienes y servicios públicos. Beneficio nada desdeñable, por otra parte. Las rentas más bajas tienen preferencia, a modo de ejemplo, en la elección de centro escolar en muchas comunidades autónomas o en la obtención de plaza en las guarderías o residencias de la tercera edad. Razón por la cual se desincentiva que los españoles mejoren su nivel de renta y por el contrario, se fomenta de manera indirecta que se produzca economías sumergidas que luego posibiliten acceder al nivel de prestaciones sociales con mayores garantías de éxito. Esto es un secreto a voces para muchos, pero nadie quiere ponerlo sobre la mesa. Pero la realidad de que cuanto más contribuyas menos posibilidades tienes de acceder al sistema público asistencial cada día es menos sostenible porque da lugar a numerosos agravios comparativos. Si el sistema es público discriminar a unos españoles sobre otros no nos parece de recibo.
Resumiendo gráficamente lo dicho, carece de toda lógica considerar que una unidad familiar que percibe 950 euros al mes es una situación necesitada de la ayuda y protección estatal, mientras que si sobrepasa los 1050 ya se debe considerar como autosuficiente. Son igualmente precarios no nos vayamos a engañar. Esto ya lo estamos viendo en los criterios que se han utilizado para gestionar recientemente el ingreso mínimo vital, que utilizando esta pérfida lógica aritmética del límite, ha dejado fuera de su ámbito de protección a millones de españoles solicitantes de ayuda. Establece una frontera, una auténtica barrera para discriminar a unos españoles y a otros. La barrera de los que son merecedores de ayuda y los que se quedan a las puertas por muchos que unos y otros estén en situaciones muy similares.
Al final, como corolario de todo lo expresado, el resumen de la situación a nuestro juicio sería el siguiente: para conseguir mejorar la competitividad de las empresas mediante la reducción de sus costes salariales, sucesivos gobiernos han ido consagrando en nuestro sistema socio - económico la figura de un trabajador insuficientemente retribuido al que el resto de la sociedad ampara en su situación por medio de la acción del Estado, directamente a través de subvenciones o indirectamente mediante el pago de impuestos por parte del resto de contribuyentes. Se puede justificar en loables razones de creación de empleo, pero cuando esta situación deviene crónica se produce un fuerte perjuicio para la masa social en su conjunto. Con el fin de que existan empresarios que puedan acceder a mano de obra barata, el resto de cotizantes y contribuyentes se tienen que sacrificar sea de manera directa o indirecta.
El mileurismo ha podido responder a razones coyunturales, pero desde el mismo momento en el que su existencia se cronifica y mantiene en el tiempo se vuelve una situación simple y llanamente insostenible. Por todo ello, somos de la opinión de que amparar este tipo de ajustes salariales puede tener fundamento en momentos concretos para responder a crisis cíclicas del sistema productivo o de la economía internacional, pero mantener salarios de miseria a lo largo del tiempo supone no confiar en la productividad de nuestros trabajadores, condenarlos a sueldos de miseria y condenar al resto de ciudadanos a sostener con sus espaldas al resto de compatriotas. El "mileurismo" o los rangos salariales inferiores no se pueden convertir en modo alguno en la regla general del mercado de trabajo español. Se puede aceptar como remedio circunstancial para salir de una crisis en un momento dado, pero no se puede consolidar como una categoría estable y estructura de nuestro modelo socio-económico.
De otro lado, generalmente este tipo de agravios se producen en perjuicio de las personas más jóvenes con lo que se multiplican aún más sus efectos perniciosos al crearse una brecha salarial intergeneracional que conlleva que al mismo tiempo que los padres tengan mejores retribuciones que los hijos, los primeros son menos competitivos que los primeros y corren mayor riesgo de ser expulsados del mercado de trabajo. La juventud española ha sido la gran perjudicada del diseño de costes laborales de nuestros políticos y ello ha acarreado irremediablemente la dificultad que actualmente tienen para abrirse camino en la vida y para perpetuarse a través de la prole y nos ha abocado a un desierto de natalidad que hace de España un país insostenible demográficamente hablando.
Razones todas ellas que nos llevan a apostar por el destierro de los sueldos de miseria que sufrimos y por una política de mejoras salariales en la medida en la que la senda del crecimiento económico sostenido vuelva a asomar por los cuadros macroeconómicos de nuestra querida piel de toro. Y no solo por las razones que a primera vista parecen evidentes, sino para intentar en última instancia conseguir que no se cumpla inexorablemente el viejo y acertado designio de Marx para quien los mercados acabarían por sufrir por la vía de la demanda la precariedad de la capacidad de gasto de la clase trabajadora. En esto, como en muchas otras cosas, el filósofo alemán no andaba desencaminado. Y es que las propias empresas serán las que echarán de menos consumidores con suficiente capacidad de compra en un futuro no muy lejano. No se nos puede olvidar esta perspectiva ni a nosotros ni a ellos. Invertir en la gente es el medio más eficaz para obtener ganancias empresariales y sociales en un futuro más bien inmediato. Nos sorprende la miopía de las grandes empresas y de los gobiernos en esta materia.
Y es que si bien entendemos que es necesario realizar transferencias fiscales desde las rentas más altas a las rentas más bajas, lo que no resulta de recibo es que las clases medias depauperadas sufran sobre sus espaldas en solitario la carga de subvencionar a los empresarios una ventaja competitiva sobre los costes laborales. Y no lo es simple y llanamente porque no es justo que sea solo ellos los que subvencionen una mano de obra más barata a la clase empresarial, sea esta la de los pequeños autónomos o la de los grandes corporaciones. Otra cosa sería que a costa de mantener a miles de españoles en la austeridad salarial fuesen los grandes beneficios de las empresas más boyantes los que corriesen fiscalmente en mayor medida con la carga fiscal de mantener luego las disfuncionalidades del sistema. Pero bien sabemos que no es así y por so aprovechamos esta tribuna para denunciar lo injusto de esta situación.