La Constitución de 1978 tiene la innegable virtualidad de habernos traído a los españoles lo más parecido a un régimen democrático que hemos tenido en nuestra Historia. No obstante, en momentos en los que celebramos la conmemoración de su cuadragésimo cuarto aniversario urge hacer balance de sus efectos sobre nuestra querida España. Y el análisis actual de la cuestión, nos tememos que no puede ser positivo. Y es que por desgracia, nos recuerda mucho a aquella Restauración borbónica decimonónica que acabó por frustrar las esperanzas de una España mejor.
En este sentido, los partidos del turno, el Partido Popular y el PSOE llevan años sin acuerdo para renovar dos importantes órganos constitucionales como son el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces y el propio guardián de la Carta Magna, el Tribunal Constitucional. Cuando hasta ellos mismos consideraban que se podía llegar a un acuerdo, la despenalización del delito de sedición hizo insostenible que la oposición se uniera al Gobierno que la promueve, precisamente para repartirse el poder judicial. Lo que subyace a todo este lamentable suceso es que precisamente esta Constitución no garantizó como debiera la necesaria independencia judicial. Los ciudadanos de manera constante muestran que no creen que esta autonomía esté garantizada y los partidos políticos han hecho de la judicatura un campo más en el que repartirse cargos y prebendas sin percatarse del enorme daño que hacían al sistema en su conjunto.
Pero respecto del siguiente poder del Estado concernido, el legislativo, hemos pasado semanas en las que su reputación difícilmente se podía deteriorar más. Insultos constantes entre los bancos del Gobierno y los de la oposición en el Parlamento han transmitido a la opinión pública una imagen bastante degradada de nuestra principal cámara de representación. A ello también ha contribuido que los defectos de una ley como la del “sí es si” ha provocado perniciosas reducciones de penas, debido a que desde un ministerio como el de Igualdad desoyó los informes de expertos acerca precisamente de este tipo de consecuencias. Un legislativo que influido por el ejecutivo emitió normas en contra del dictamen de los máximos órganos de consulta del Estado, no es tampoco un ejemplo de nada y muestra bien a las claras el sectarismo e improvisación con el que desgraciadamente se legisla en España.
Pero si pasamos a analizar al ejecutivo, centrándonos solamente en el presidido por Sánchez, nos encontramos con que ha sido objeto de censura por parte de los órganos judicial por extralimitarse en una cuestión tan importante y sumaria como la aplicación de un estado de alarma constitucionalmente previsto. Sin comentarios. Pero a lo que ha sumado un intento fallido de cierre del Parlamento y una utilización a todas luces abusiva de la figura del real decreto-ley.
A nivel territorial, el desgobierno es total y lo lleva siendo desde que se adoptó una figura como la de las Comunidades Autónomas en la que el chantaje por parte de algunas hacia el Estado central ha sido un nota constante, debido en buena medida a que nuestra Constitución olvidó establecer un artículos con competencias de la absoluta e irrenunciable competencia nacional. Sería un asunto al que dedicar muchísimas líneas, pero apuntar tan solo que las nuevas pretensiones nacionalistas del Presidente Juanma Moreno aportan una nueva fuente de conflictos al asunto y será algo de lo que lamentablemente tendremos que comentar en el futuro. El Estado de las Autonomías no resolvió ningún problema de manera definitiva y vino a crear otros muchos dónde no los había.
También apuntar en este apartado la enorme inestabilidad política que viviremos con la irrupción de movimientos localistas de reivindicación territorial como el que responde al nombre de la España Vaciada que nos muestran bien a las claras la discriminación enorme que se ha establecido en este Régimen del 78 entre una zonas de la nación y otras y que constituirá una fragmentación parlamentaria que será difícil de gobernar en el futuro.
Estas cuestiones se han visto especialmente reflejadas en la bochornosa subasta fiscal a la que hemos asistido en los últimos meses. Las próximas elecciones autonómicas y locales han incitado a muchos gobiernos regionales a entrar en una espiral electoralista de rebajas fiscales que ha provocado el sonrojo incluso entre los dirigentes del Partido Popular y PSOE. Este tipo de chalaneos no son de recibo en un país serio, pero por desgracia están a la orden del día.
Pero entrando de perfil a valorar la situación de nuestros servicios públicos más esenciales el panorama es también un poco desolador. Nuestra Educación desde la Transición ha mejorado innumerables parámetros materiales y se ha hecho universal para toda la población, pero resulta un despropósito la falta de consenso en la materia y los vaivenes que se han ido sumando con la promulgación de las diferentes legislaciones contradictorias entre sí. El nivel medio se ha desplomado y ni siquiera el sistema ha sido capaz de garantizar la enseñanza del idioma común en todas las partes del territorio. Un auténtico despropósito cuyas consecuencias no tardaran en aflorar.
La Sanidad no está viviendo mejor situación con inminentes huelgas de profesionales en muchos de los sistemas de atención primaria autonómicos. Fue un error enorme ponen en manos de los gerifaltes regionales una materia tan importante y de tanto calado técnico que debiera haber estado protegida de las cacicadas de las taifas de turno. Con este asunto es mejor no hacer política y las consecuencias están a la vista de todo porque las enormes deficiencias que vemos en la atención primaria no tardarán mucho en trasladarse a las siguientes ramas del sistema sanitario.
El sistema público de pensiones no ofrece mejor valoración, para desgracia de sus usuarios actuales y futuros. De sobra sabemos que la solución final será política, pero no entendemos porque se permite la insostenibilidad vigente sin ir poniendo remedio normativo al desfase entre ingresos y gastos. Mejor sería que cotizantes y perceptores supieran a qué atenerse de cara al futuro y no sembrar de inestabilidad el funcionamiento de todo el sistema en su conjunto. Pero al igual que en otros asuntos que debieran ser cuestiones de Estado, los partidos políticos no se ponen de acuerdo para dotar de certezas a un sistema que es de todos los ciudadanos.
Mas el problema más sangrante de este oscuro panorama es el consistente en que se hayan recrudecido las diferencias entre los españoles dependiendo de la región en la que habiten. Las cartas de servicios públicos no son iguales para todos, como no lo son cuestiones tan vitales como los calendarios y repertorios de vacunación de nuestros menores. Cuestiones que valoramos como insostenibles y que a la larga acarrearán agravios de difícil sanación. Estas disfuncionalidades no nos queda más remedio que denunciar que son producto de que nuestra Constitución del 78 no previó los mecanismos necesarios para su corrección y cuando lo hizo, nuestros políticos no han tenido problema en incumplir flagrantemente su texto en estas materias, sin recibir penalización por su actuación negligente.
Pero es que la situación económica general no da para muchas esperanzas. La inflación irrumpe como problema en estas postrimerías de 2022 cuando no hace mucho era una magnitud que no robaba el sueño a los españoles, no debido a la pericia de nuestros mandatarios económicos, sino al hecho de actuar protegidos bajo el paraguas de la zona euro. La crisis energética nos muestra muy a las claras lo endeble de nuestra posición y los horribles efectos de haber perdido nuestra soberanía en tan estratégica cuestión. El paro y el cese de actividad pueden convertirse en otro efecto no deseado para nuestra economía si la dificultad de cubrir el abastecimiento de energía, la inflación y una desaceleración se convierten en la tónica general. Y el problema es que España no cuenta con la herramienta de la devaluación de la moneda para corregir algunos de estos trastornos descritos ni con un tejido industrial propio con los que afrontar los problemas que describimos.
Y es que desde la crisis de 2007 nos hemos encontrado con que no nos salen las cuentas presupuestarias del Estado español. La Unión Europea es la que nivela nuestros saldos deudores mediante facilidad crediticia. Pero no vemos el momento de minorar ese insoportable nivel de deuda y su importe crece sin parar hasta la insostenibilidad. Los gobiernos sucesivos del PP y del PSOE no son capaces de embridar un caballo desbocado de déficit presupuestario y deuda. España corre el riesgo de ser un país inviable a nivel de cuentas públicas. Este es un aserto que pocos expertos nos pueden negar…
Este breve análisis pone muy a las claras que a pesar de que se puede valorar positivamente una Constitución que ha establecido un régimen de convivencia entre los españoles que ya va para cincuenta años, las enormes grietas que la aquejan y que hemos expuesto brevemente hacen que desde Defensa Social urjamos las necesarias reformas en su texto para fortalecer las medidas necesarias para despejar muchos de los nubarrones que se ciernen sobre nuestro país derivados de los errores descritos en nuestra ley de leyes. Especialmente, necesitamos que se deslinden de una manera nítida las competencias autonómicas y estatales para evitar desigualdades insoportables entre españoles y que se dote de garantías a la irrenunciable independencia de los tres poderes del Estado. Esto sería lo más urgente para que dentro de pocos años pudiéramos celebrar desde Defensa Social esta festividad del 6 de diciembre. Algo que de verdad nos gustaría festejar de corazón. Pero hasta que la Constitución no dote a la nave del Estado de una dirección firme y acertada seguiremos en Defensa Social trabajando para corregir el rumbo y conducir a España a un futuro de éxito. Contamos con todos los españoles que día a día se nos acercan para emprender esta labor.