Tener que recalcar lo que debería resultar obvio es uno de aquellos esfuerzos inútiles que Ortega consideraba que nos conducían irremisiblemente a la melancolía. Recordar la importancia de la separación de poderes en la configuración de un régimen democrático de libertades constituye uno de esas actividades que nos producen mucha dosis de cansancio precisamente porque consideramos que no debería resultar cuestionado el axioma de que sin separación de poderes no hay auténtica democracia. Esta conclusión la deberíamos tener grabada en el frontispicio de cada una de las mentes de nuestros representantes políticos.
El jueves el degradado parlamento español sufrió una jornada más de descrédito y deslegitimación, de las que por desgracia nos tiene tan acostumbrados, desde que los políticos de uno y otro signo han decidido no otorgar al contrincante la cualidad de ser escuchado. Con independencia de que se pueda dar la razón más a una que a otra de las posturas enfrentadas, lo que no podemos desde Defensa Social considerar de recibo es que en aquella jornada los partidos blandieran sus espadas para reclamar cada uno para sí, algo que es de la exclusiva competencia del pueblo español: la soberanía nacional. No vamos a entrar, como hemos adelantado, a decantarnos por la posición del PP o la del PSOE porque Defensa Social aspira a ser un actor más en la política española, pero no podemos pasar por alto una reflexión previa.
Y es que la actuación del Gobierno y sus socios en la tramitación de una Proposición de Ley, despenalizando el delito de sedición, desgravando la penalidad de ciertas modalidades de malversación e introduciendo ahora la posibilidad de nombrar miembros del Tribunal Constitucional saltándose a un Consejo General del Poder Judicial bloqueado nos parece un despropósito jurídico del todo inaceptable y puede ser la prueba de que el Partido Popular puede no estar legitimado para impedir que el Presidente Sánchez se haga con el poder judicial y constitucional y consiga hacer de España un nación con una democracia muy deteriorada. El propio Presidente de Castilla – La Mancha, Emiliano García – Paje nos puso a todos sobre aviso de la tremenda tropelía que el Secretario General de su partido estaba cometiendo con el objetivo de congraciarse con el separatismo catalán y sus cuentas aún pendientes con la justicia. Nos hemos traído el bochornoso debate del “procès” a las Cortes Generales de Madrid, como recordó acertadamente Inés Arrimada al decir que ya había vivido en el “Parlament de Catalunya” lo que ahora le tocaba presenciar en la Carrera de San Jerónimo.
Pero sobre esto han corrido ríos de tinta y no nos vamos a entretener lo más mínimo, porque muchas caretas se han caído e incluso los que inicialmente no veíamos tanta psicopatología en la personalidad de nuestro supremo timonel, no tenemos más remedio que ver rasgos de dicha personalidad en aquel individuo que permite que se salten límites de todo tipo a la hora de conseguir sus propósitos políticos de fagocitación a su favor de todas las parcelas de poder de la estructura del Estado, sea haciendo un uso abusivo de medios aéreos, sea usando las instituciones públicas como medios de colocación de familiares cercanos, sea invitando a las fincas del patrimonio nacional a muchas de sus amistades, sea en esta ocasión asaltando por tierra, mar y aire las instituciones de gobierno de los jueces.
Y con ser esto grave, no nos lo parece tanto como los argumentos esgrimidos por la bancada socialista a favor de arrogarse más allá de lo razonable la legitimación derivada de la soberanía nacional. Ganar unas elecciones, allá por 2019, no es un título válidos y suficiente para saltarse a la torera las más elementales normas del equilibrio de poderes y de la legalidad, comprendiendo dentro de ella la propia existencia de ciertas normas de coherencia jurídica y de decencia procesal, como aquella que dicta que no se hagan leyes especiales para situaciones concretas e impiden que se negocien con los delincuentes sus propias condenas penales. Asuntos que podrán ser técnicamente posibles en la vía jurídica, pero que resultan del todo inadmisibles desde un punto de vista ético y moral. Ya pasó con los indultos, pero persistente ahora con la despenalización de conductas que afectan a la integridad e independencia de España.
El mandato que unas Cortes Generales reciben es el de representar la soberanía nacional de todos los españoles, pero dentro del marco constitucional existente, dentro de unas leyes mínimas de convivencia. Si este marco se pretende modificar lo que hay que proclamar es que nos adentramos en un período de libertad constituyente y nuestras Cámaras se deben dotar de un mandato específico de tal carácter. El PSOE podría haber incluido la reforma del delito de sedición en su programa, como podía haber contemplado que los vocales del Consejo General del Poder Judicial se eligieran por mayoría simple y no por mayoría reforzada de tres quintos, como ha defendido siempre, de manera incoherente. Si se decantó por dicha mayoría para llevar al Partido Popular al consenso, ahora no debiera extrañarse de que los populares exijan convenientemente dicho consenso a la hora de renovar estos órganos.
Peor esgrimir la soberanía nacional representada en unos diputados para intentar de manera descarada controlar órganos constitucionales en su provecho no nos parece de recibo desde Defensa Social, que tenemos un alto concepto de la dignidad de nuestras altas instituciones, porque precisamente estas instituciones tienen su razón de ser en la defensa de un sistema de contrapoderes que frene todo desvarío por parte del Gobierno y de las propias Cámaras, en defensa de la legalidad y de la constitucionalidad de sus actuaciones. Este es la clave de la cuestión: si el Sánchez de turno se hace sin más con todos los resortes de poder del Estado, ¿qué posibilidades reales de defensa tenemos como ciudadanos?. Sobre todo, cuando la actuación de los últimos días del ejecutivo de Pedro Sánchez y sus socios radicales han hecho saltar todas las alarmas. En esta ocasión, como en tantas otras, se le han vuelto a ver las costuras totalitarias a esta generación de socialistas españoles que padecemos.
Por todo ello, Defensa Social considera a todas luces prioritario sostener un régimen e separación de poderes que proteja de manera escrupulosa un ámbito necesario de independencia judicial. Porque elementos de la calaña de Pedro Sanchez siempre van a existir, esto es algo que no podemos evitar, pero España como sociedad se debe dotar de los medios para que sus efectos de sus políticas disolventes puedan ser contrarrestados y sancionados penalmente. Sabemos que esta proclama les resultará a muchos un brindis al sol, una consideración utópica y “buenista”, pero con este peligroso precedente que estamos sufriendo constituye una auténtica amenaza para nuestra propia supervivencia como nación democrática y libre.
Podemos discutir el sistema de elecciones de vocales y miembros del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, se pueden abrir muchas vías, pero una vez que las reglas resulten nítidas a los operadores jurídicos no sufriremos este esperpento de cambiar las reglas del juego a mitad del camino, en medio del partido, con la carga de incertidumbre normativa que suscita y el grado de enfrentamiento que provoca entre españoles de unas y otras sensibilidades. A lo mejor podemos quitar en las próximas elecciones la urna de una Cámara del Senado, que en resumidas cuentas no sirva para más que para servir de cementerios de juguetes rotos de la política y sustituirla por una que elija al órgano de gobierno de la judicatura y del Tribunal Constitucional. Pero seguro que un remedio como este no les cuadra a esta Casta de políticos que a lo que aspiran es a gobernarnos a todos como verdaderos sátrapas sin someterse a ningún tipo de fiscalización externa que les pudiera pedir cuentas de la responsabilidad de su gestión.