Se ha iniciado el debate sobre las diputaciones provinciales, unos defendiendo su necesidad, otros abogando por su desaparición . En Defensa social proponemos la “racionalización de las dimensiones del Estado", siendo ésta una de nuestras ideas fundacionales.

¿Qué pensamos de las Diputaciones Provinciales?

Este organismo no puede convertirse en el símbolo del caciquismo de nuestra organización provincial y territorial. No puede ser un órgano para repartir prebendas y colocar a afines, para manejar presupuestos sin ningún objetivo social o de servicio público.

Lejos de eso, las Diputaciones Provinciales deben garantizar servicios educativos, sanitarios e infraestructuras en poblaciones pequeñas y vertebrar el entorno rural, ese que nos devuelve el apego a la tierra y garantiza la conservación de un vasto patrimonio humano y cultural.

La Justicia Social debe alcanzar a cada rincón de nuestra Patria. Las Diputaciones Provinciales deben ser un instrumento para ello: fomento del trabajo rural, conservación, sostenibilidad y garantía de derechos fundamentales deben ser su objetivos prioritarios.

COMPARTE SI ESTAS DE ACUERDO

Haznos llegar tus ideas para la racionalización de las dimensiones del estado (a través de nuestras redes sociales o de nuestra web)

TÚ TAMBIÉN ERES DEFENSA SOCIAL

La senadora del PP y exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, vegeta en el Senado por 4.636,29 euros mensuales (más complementos) por no hacer nada. Ni siquiera asistir a la constitución de las dos comisiones en las que es vocal.

Las instituciones, las administraciones, las universidades, las empresas públicas… toda la macroestructura financiada con los impuestos de los ciudadanos está infiltrada por personajes de este perfil: amigos, parientes, compañeros de partido…

DEFENSA SOCIAL estima urgente la aplicación de un plan de recorte y ahorro que libre a los ciudadanos de la carga, cada vez más pesada, que supone la manutención de políticos cesantes, cargos de confianza y enchufados en los más recónditos pesebres del Estado.

El Ayuntamiento de Madrid prevé gastarse por encima de los 30.000 euros para dotar a sus 57 concejales con tablets de última generación “para que los plenos sean más cómodos”.

El pasado 10 de febrero se publicó en el Boletín Oficial de les Corts Valencianes la adjudicación del nuevo contrato tecnológico de las Cortes Valencianas por el cual se adquiría un ordenador portátil valorado en 1.364 euros para cada diputado.

DEFENSA SOCIAL opina que estos dispendios no pueden correr a cargo del erario público de un país cuya deuda ya se sitúa en el 100% de su PIB y su presión fiscal sobre el ciudadano se ha convertido en sofocante.

También, que el salario de los representantes públicos ya es bastante saneado como para poderse permitir sus caprichos tecnológicos sin necesidad de sangrar ni una vez más las arcas públicas.

El presidente, los vicepresidentes y los secretarios de la Comisión de Reglamento, nueve Diputados en total, ingresaron una media de 49.000 euros por acudir a dos reuniones durante la pasada legislatura.

Es imposible establecer cuánto dinero malversan nuestros políticos con trampas y pantallas de este tipo. Sin embargo, la deuda española continúa creciendo al mismo ritmo que la presión fiscal sobre los ciudadanos.

DEFENSA SOCIAL exige la elaboración de un listado público de comisiones parlamentarias inactivas y la eliminación de cualquier plus salarial para Sus Señorías por el mero hecho de formar parte de ellas.