Bajo el título de “El efecto Guadalajara: por qué sus alumnos suspenden cuatro veces más la PAU que los del resto de Castilla-La Mancha” recoge el diario “El Español”, en su edición de 21 de junio de 2026, un curioso fenómeno en el ámbito educativo. A grandes rasgos, se explica que los alumnos de Guadalajara, por su proximidad a Alcalá de Henares, con una importante y consolidada Universidad, pertenecen al distrito universitario de ésta y no al de la Universidad de Castilla – La Mancha, al que pertenecen los alumnos del resto de provincias castellano – manchegas. La Universidad de Alcalá de Henares, a la que pertenecen los alumnos del bachillerato en Guadalajara, es una universidad pública de Madrid. Esta adscripción provoca que los bachilleres guadalajareños reciben su formación de la administración autonómica de Castilla – La Mancha, pero se examinan con el nivel que exige la comunidad autónoma de Madrid.
Todo ello es debido a las innumerables sinergias que Guadalajara mantiene con el llamado Corredor del Henares y con la Capital de España. La capital alcarreña está mejor comunicada a todos los niveles, autovía y trenes de cercanía y alta velocidad, con las localidades del citado corredor y con el centro de Madrid, que con su capital autonómica Toledo y el resto de capitales manchegas en las que tiene sus diversas sedes la Universidad de Castilla – La Mancha. Además, los vínculos de todo tipo son enormes en todo ese entorno del río Henares, tanto históricos como actuales.
En los últimos días han salido estadísticas que marcan una línea consistente en que los alumnos que presenta la provincia de Guadalajara a la EVAU de Madrid sacan peores notas que sus equivalentes de Toledo, Cuenca, Albacete o Ciudad Real, que se presentan a la “selectividad” de Castilla – La Mancha. Como resultado de todo ello y en relación con el número de aprobados, el porcentaje es de aproximadamente un 87 % en Guadalajara, frente a un 97% en el resto de provincias de Castilla-La Mancha. Como nos ilustra el diario, esta diferencia se ha intensificado de manera notable precisamente en este último año hasta llegar a tal magnitud.
Aunque esta disparidad de aprobados se pueda deber a variadas causas, no decimos que no, resulta un poco evidente que los jóvenes en Castilla – La Mancha reciben peor formación que sus homólogos madrileños. De hecho, desde Madrid existe la queja de que el nivel de la prueba de evaluación para acceso a la universidad es más fácil en otros territorios y que por lo tanto, jugarían en desigualdad de condiciones a la hora de acceder a carreras con más demanda y superior nota de acceso. Los datos que hemos expuesto muestran a las claras una diferencia notable también en el nivel de exigencia en las pruebas de acceso a los estudios universitarios.
Lo fácil sería pensar que unos estudian menos que los otros, pero no creemos que esto sea así. Lo que de manera bastante concluyente arrojan estos resultados es que el nivel educativo en Castilla – La Mancha es inferior al de Madrid. No en vano, la Comunidad de Madrid ha ensayado propuestas novedosas como el bachillerato de la excelencia y el nivel de inglés que se exige allí es muy superior al exiguo que la administración manchega pide a su profesorado que participa en programas educativos de bilingüismo. Nos topamos con todo ello, con otra de las enormes disfuncionalidades provocadas por este dichoso Estado de las Autonomías, de las que venimos denunciando en repetidas ocasiones.
Y es que desde Defensa Social no podemos normalizar que los ciudadanos de una comunidad autónoma tengan irremediablemente que recibir una educación de peor calidad que los de otra. Ni siquiera resulta de recibo que sea dispar el nivel de exigencia en las pruebas de “selectividad” para acceder a estudios superiores, lo que supone que alumnos de otras regiones copen de manera injusta plazas en las universidades públicas de Madrid con el solo expediente de provenir de unos territorios en los que se corrige a sus alumnos de una manera más benévola. En este sentido, aprovechamos para solicitar una sola selectividad para todo el territorio español, como una medida urgente de justicia para todos.
Todo ello, nos confirma en nuestra propuesta de que las competencias en materia educativa y de sanidad sean únicas y residenciadas en el Estado para evitar desigualdades entre españoles inadmisibles por arbitrarias y discriminatorias. No entendemos, de esta manera, que el catálogo de vacunación sea más amplio en Madrid que en otras regiones y mucho menos que observemos las disparidades que podemos comprobar en materia de calidad del servicio público. Estas asimetrías redundan en un sistema autonómico injusto y que discrimina a los ciudadanos dependiendo de la región en la que vivan. Para su superación, seguiremos denunciando este tipo de situaciones y nos pondremos a disposición de los ciudadanos para la derogación de un sistema que ha servido para dividir a la sociedad en españoles de primera y españoles de segunda. Algo que no resulta admisible de ninguna de las maneras.
