El Parlamento de la autonomía catalana, saltándose la Constitución y sus propias normas que emanan de su Estatuto de Autonomía, ha aprobado de manera golpista y autoritaria, la llamada ley de referéndum de Cataluña, que ha sido suspendida de forma cautelar por el Tribunal Constitucional; y la ley de transitoriedad jurídica, impugnada ante el mismo Tribunal Constitucional por el Gobierno de España; dando de facto un golpe de Estado.
Ahora bien, el desafío se encuentra, ya no en este golpe de Estado promovido por el Gobierno catalán en Pleno, sino en la respuesta que se dará por parte del Gobierno de España a la organización de la "no celebración" del referéndum y en cómo se articulará la respuesta ante las movilizaciones - previsiblemente violentas-, a cargo de antisistemas y organizaciones independentistas, que quieren crear un hecho histórico para esta fecha. Un nuevo 1714, con el fin de volver a enganchar, una vez más, a ese independentismo bastante decaído y cansado, abusando de ese victimismo de derrota que los políticos nacionalistas catalanes practican, indiscriminadamente, desde 1978, con el objetivo de TAPAR SU CORRUPCIÓN.
¡CUÁNTAS MÁS ESTELADAS, MENOS SE VISUALIZA SU CORRUPCIÓN DEL 3%!.
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