El 19 de septiembre de 2012, el entonces Presidente catalán Artur Mas viajó a Madrid para plantearle a Mariano Rajoy un pacto fiscal. En febrero de ese mismo año, el Presidente español confesó a su homólogo catalán que “vivía en un lío”. Y seguramente ese lío al que aludía Rajoy, la adaptación de medidas para afrontar la crisis económica en la que se venía desempeñando España, sería la excusa perfecta que se esgrimiría desde el Estado central para no abordar tal espinoso asunto de las relaciones financieras de las Generalitat de Cataluña. Sin embargo, el gallego aludió a la dificultad de acompasar el concierto económico con Cataluña a la Constitución para negarse a abrir ese debate. Algo que carecía de rigor lógico y jurídico cuando este sistema ya se contempla para Navarra y para el País Vasco.
Una pequeña masa de adeptos recibió a Mas en su vuelta al “Palau de la Generalitat”, acontecimiento que para la prensa se convirtió en el inicio del maldito “procès” que tanto ha enturbiado la política española de los últimos tiempos. Ahora, parece que el pacto de Gobierno entre Esquerra y el PSC-PSOE vuelve a poner la ficha del parchís político precisamente en ese jueves de 2012 para abordar por enésima vez la cuestión de la financiación de las instituciones catalanas. Pero a diferencia de aquel momento histórico, en esta ocasión se pretende transformar lo que no fue más que una excusa para el salto al vacío que dieron los convergentes hasta la Declaración Unilateral de Independencia, en lo que se nos antoja como un desafío más serio al resto de territorios con el fin de adoptar en Cataluña un sistema de concierto económico similar al vasco.
Y es que no debemos de olvidar el enorme poder de movilización que tuvo en aquellos momentos el eslogan de “Espanya ens roba” paradójicamente en las files de gente que se decía de izquierda pero para quienes el valor supremo de la solidaridad no debía de regir mucho que digamos. Sin reconocer que quienes realmente nos roba es nuestra clase política, tanto española como catalana y especialmente esta última, caracteriza por su eficacia en la recaudación de un tres por ciento dedicado directa y explícitamente a la corrupción. Muy coherente no resultaba titularse de izquierdas y a la vez denunciar que el dinero que se recaudaba en Cataluña se destinaba a reparar las desigualdades entre unos y otros territorios de España. Pero allá cada cual con su conciencia. El caso es que resulta un poco revelador que el denominado “suflé” catalán se empezase a desinflar precisamente coincidiendo cronológicamente con el hecho de que el Estado decidiese poner fin al cobro de la práctica totalidad de los peajes que sufrían los catalanes por el uso de muchas de sus autopistas. Detrás de quienes defendían a capa y espada el derecho de decidir sospechamos que se hallaban razones de tipo crematístico más que la mera reivindicación de un supuesto derecho a decidir basado en un pretendido carácter diferenciado merecedor de reconocimiento político constitucional.
El problema realmente subyacente a todas estas cuitas políticas es que no son pocos los ciudadanos que han decidido unilateralmente que no quieren pagar impuestos. El subyacente y verdadero derecho que reclama la mayoría de los catalanes es precisamente el derecho a decidir no pagar impuestos. Para ello se miran en el caso del concierto vasco, que a su vez se intentó reflejar en el convenio navarro. Sin embargo, no se percatan de que una cosa es aceptar una excepción financiera para una población como la navarra, de poco más de seiscientos mil habitantes, que hacerlo de manera más forzada para otra como la vasca de más de dos millones de almas. Pero ensayar esto mismo en una de más de ocho millones de catalanes además de resultar de imposible ejecución, lo que producirá a mayores será que el sistema general de financiación aplicable al resto se rompa por los aires. Tiempo al tiempo para quien no se crea esto que afirmamos.
Además, también podían caer en la cuenta de que en el resto de los territorios los ciudadanos tampoco pagamos por gusto los impuestos que nos toda apoquinar y que en la inmensa mayoría de los casos se hace por responsabilidad para con el país y por obligación más que por convicción. Iniciar la dinámica de que cada cual considere que paga demasiados impuestos a su gusto implicará un “Estado a la Carta” en el que los más perjudicados desgraciadamente serán las personas más desfavorecidas. España se ha podido permitir, de manera injusta eso sí, que dos territorios contribuyeran “a su manera” a los gastos que incurrimos el conjunto de la Nación, pero difícilmente se podrá asumir la cuenta de quienes hasta el momento son unos de los mayores contribuyentes netos a las arcas del conjunto de la Hacienda del Estado.
Por eso, no nos extraña que este pacto fiscal entre el PSOE y la Esquerra haya sido contestado con más contundencia entre las filas de los barones socialistas que entre los populares porque donde más se arriesga en este juego es precisamente en el terreno de la igualdad territorial entre españoles, extensible a buen seguro a los mecanismos de solidaridad intergeneracional entre todos nosotros. Lo que está en juego no es las relaciones financieras entre el Estado y una comunidad autónoma concreta, sino el conjunto del sistema de financiación que no soportará de ninguna manera este ataque brutal al principio de igualdad y solidaridad entre todos los ciudadanos. Tiempo al tiempo.
