La Constitución de 1978 tiene la innegable virtualidad de habernos traído a los españoles lo más parecido a un régimen democrático que hemos tenido en nuestra Historia. No obstante, en momentos en los que celebramos la conmemoración de su cuadragésimo cuarto aniversario urge hacer balance de sus efectos sobre nuestra querida España. Y el análisis actual de la cuestión, nos tememos que no puede ser positivo. Y es que por desgracia, nos recuerda mucho a aquella Restauración borbónica decimonónica que acabó por frustrar las esperanzas de una España mejor.
En este sentido, los partidos del turno, el Partido Popular y el PSOE llevan años sin acuerdo para renovar dos importantes órganos constitucionales como son el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces y el propio guardián de la Carta Magna, el Tribunal Constitucional. Cuando hasta ellos mismos consideraban que se podía llegar a un acuerdo, la despenalización del delito de sedición hizo insostenible que la oposición se uniera al Gobierno que la promueve, precisamente para repartirse el poder judicial. Lo que subyace a todo este lamentable suceso es que precisamente esta Constitución no garantizó como debiera la necesaria independencia judicial. Los ciudadanos de manera constante muestran que no creen que esta autonomía esté garantizada y los partidos políticos han hecho de la judicatura un campo más en el que repartirse cargos y prebendas sin percatarse del enorme daño que hacían al sistema en su conjunto.